El IFE, lucha por la imparcialidad

Es importante que, a prácticamente diez días de iniciado el proceso electoral que habrá de enmarcar la elección del próximo titular del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión (como lo señala el artículo 80 constitucional), aporte mis consideraciones sobre las implicaciones políticas que pueden advertirse en la incompleta integración del consejo general del Instituto Federal Electoral.

Desde luego en el PAN nos opusimos a que, mediante un albazo, la fracción parlamentaria del PRI intentara adueñarse del IFE produciendo un consejo general a modo, sumiso a sus pretensiones e inclinado ante sus intereses. Esta vocación antidemocrática del PRI pudiera entenderse mejor cuando se considera su característica histórica de ganar sin competir o bien, entrar a una competencia con los dados cargados, un comportamiento tan típico del viejo régimen y tan sintomático de un partido que no sabe adaptarse a las nuevas reglas.

Durante un año se intentó lograr el mayor consenso posible, justo como lo mandata la Constitución pero ante la pretensión desmedida y poco ética, como bien lo ha expuesto el diputado Javier Corral, no hubo mucho que pudiera hacerse.

La sesión en la que habría de designarse los tres consejeros restantes el día 6 de octubre de este año, inició con unos cuantos minutos de retraso, luego de leerse las comunicaciones oficiales la Junta de Coordinación Política, como es su competencia, hizo llegar un acuerdo mediante el cual se proponía al pleno la discusión y votación de la terna que integraría al consejo general. Paralelamente a esto, en la bancada de Acción Nacional advertimos unos momentos antes que el Revolucionario Institucional a través de uno de sus diputados más emblemáticos del “nuevo” PRI que sigue siendo el mismo de antes (Martell), hizo llegar a la Mesa Directiva un acuerdo falaz, que no era presentado por la Junta de Coordinación Política ni estaba signado por el Presidente de la misma, con este escrito pretendían llevar a cabo, sin el consenso debido la sesión y la votación de la terna que integraría eventualmente al árbitro electoral. Permítaseme una pequeña digresión. Esta actitud de falsificar documentos no es ajena a este renovado PRI, recordemos el episodio que protagoniza el actual líder tricolor donde existe un escándalo de contratación de deuda pública subnacional mediante documentos apócrifos. Episodio que, si bien intentan minimizar aun está por producir sus consecuencias jurídicas más importantes.

Retomando el curso de lo que se comenta en este artículo, una vez que se supo la existencia del documento falso, se discutió ampliamente, se expusieron las razones por las cuales ni el PAN ni el PRD podrían aprobar la terna propuesta, una de ellas consiste precisamente en reconocer el enorme daño que ha causado para la legitimidad del IFE, el dejar fuera de la negociación en una integración anterior a una de las tres fuerzas políticas, al PRD.

Finalmente después de la votación no se alcanzó las dos terceras partes de los diputados presentes para aprobar la terna que propuso el PRI, ante esto hay que reflexionar que sigue, cuál será la ruta crítica por la que habremos de transitar con la particularidad adicional que ya inició el proceso electoral y ya existen algunos asuntos empatados como la multa cercana al orden de los 300 millones de pesos al Partido Verde.

En la Cámara de diputados se analizan las posibilidades que se tienen para resolver este problema, por supuesto creemos que el cumplimiento de la Constitución es una obligación para todos los servidores públicos y para todos los habitantes de nuestro país, pero también es cierto que en la política lo posible tiene que alcanzarse antes que lo deseable. Hubiera sido mucho peor entrar a un proceso electoral con un IFE parcial que no asegurara equidad en la contienda y que resultara en una elección cuestionada.

No se niega por un momento la responsabilidad que tenemos los diputados para cumplir con los plazos y las condiciones que la Constitución engendra y nos impone pero, la misma Constitución también nos otorga el derecho a todos los mexicanos para que la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo, se realice mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. También quiero resaltar que el artículo 41 de nuestra Carta Fundamental establece los principios rectores de la función estatal que tiene el IFE para organizar las elecciones federales, los cuales deben ser la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad y la objetividad.

Digo esto porque, recientemente todas las opiniones se centran en la responsabilidad de la Cámara de Diputados por no cumplir con los plazos que la norma nos impone, que la sesión del seis de octubre representa un espectáculo, una clase política que no es capaz de alcanzar los acuerdos más indispensables. A esas voces les digo que, se llego a un punto de impasse en el que hubo de elegir el mal menor y que, si bien no existe al momento una terna aprobada para integrar el consejo general, los grupos parlamentarios que votamos en contra no perdimos de vista ni un solo momento el bien jurídico más importante y que es el derecho de todos los mexicanos a tener elecciones independientes, imparciales y objetivas pues, de qué forma podríamos aspirar a alcanzar estos principios rectores de la función estatal si de origen tuviéramos un árbitro que no fuera ni imparcial, ni objetivo, ni independiente y certero en sus decisiones por provenir de un consenso mal logrado.

Los diputados y las diputadas que votamos en contra de la terna propuesta por el PRI votamos en conciencia y asumimos responsablemente los costos políticos de nuestra decisión, enfrentarnos al escenario de que hoy nos reclamen no habernos puesto de acuerdo e iniciar el proceso electoral del año 2012 con un IFE incompleto a cambio de preservar los principios que deben regir nuestras elecciones, para nosotros es preferible dar la cara a estas críticas y no enfrentar una crisis postelectoral el tres de julio de 2012.

Sabemos que en nuestra decisión va también la certeza jurídica en los resultados, que garantizaran gobernabilidad y por paradójico que resulte estaríamos acaso, iniciando la reconstrucción de la legitimidad en nuestro Instituto Federal Electoral.