Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad son los principios rectores que establece el 41 constitucional para la función estatal en materia electoral, y aquí mismo se encuentra el fundamento inviolable que el poder legislativo y los partidos políticos deben observar en todo momento en el proceso de selección de los tres consejeros electorales del Instituto Federal Electoral.
A lo establecido en la Constitución para los fines de integración del IFE es preciso tener presente las siguientes consideraciones: uno, que la confianza en el Instituto ha ido a la baja desde 2003 acorde a lo publicado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados que señala como el Instituto carece de credibilidad en el 62% de los votantes. Ha dejado de comunicarse de manera eficiente, abrió la puerta al oscurantismo de sus decisiones jurídicas y administrativas. Dos, que la convocatoria de los partidos ha ido en sentido inversamente proporcional de la aprobación social y tres, los resultados de las pasadas elecciones intermedias como muestra de ello. Describiendo la política en México, con palabras de Bartra diría que la situación en nuestro país es peligrosa debido a que no vivimos las peculiares divisiones políticas propias de una pluralidad democrática sino, las dislocadoras consecuencias de una profunda factura.
Ciudadanía, partidos, IFE. Todo demanda una elección legal, imparcial, independiente y cierta de los consejeros electorales. En octubre del año pasado, en El Universal, Mauricio Merino escribió: “Mejor Sin Vaciladas”, afirmando que los partidos políticos por condiciones propias de intereses, en la reforma electoral del 2007, dejaron pasar la oportunidad de imprimir una dinámica diferente al método de designación de consejeros. Ahí mismo, el autor hace un llamado para que los legisladores asuman a cabalidad su responsabilidad pública, a no fingir que la ciudadanía participe en las candidaturas cuando serán ellos mismos los promotores; que no se simule que examinan a los candidatos cuando todo el mundo sabe que lo único que esperan de ellos es confianza y cercanía; que no finjan rigor científico al calificar cuando no tienen ni el más mínimo criterio compartido para hacerlo. Que sin más, sería mejor convocar a quienes por su experiencia y capacidad probada resulten más confiables, así se hizo en 1996, así se integraron los nombres de los seis consejeros que hoy siguen en sus cargos. No se debe destruir la confianza: ese bien público indispensable que se necesita para que el IFE pueda trabajar. Las bancadas deben convencerse de la bondad técnica y política de las propuestas, y a la sociedad, de las virtudes y capacidades de los nuevos consejeros.
Seis días después, el Diputado Javier Corral, Presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Comisión encargada de llevar el proceso de selección de candidatos, en un artículo publicado en el mismo medio y titulado “144 candidatos al IFE” expone: aunque Merino comete generalizaciones sobre la conducta de los diputados e incluso descalifica los resultados y propósitos del proceso, no le falta razón a su cuestionamiento mayor, y por eso –dice- envió su artículo a los miembros de la comisión que preside, para que estos señalamientos sean referentes en el trabajo que marcará a este órgano en su actuación (Doy testimonio que el Dip. Corral, así lo hizo). Y de ahí, que el legislador sostenga que ésta será una de las más importantes decisiones que tomen los actuales diputados. Por lo tanto, el deber constitucional, ético y político obliga a los legisladores a cumplir esta tarea apartándose de la dinámica de distribución de cuotas partidistas y de la misma presión de los grupos de poder fáctico que, sin dudarlo, buscarán tener de nueva cuenta a un representante directo de sus intereses, particularmente la TV, que aún resiste el cumplimiento de la reforma electoral 2007-2008. A diferencia de la anterior convocatoria, ésta incorporó cambios importantes que fortalecieron el papel de la Comisión de Gobernación para decantar aún más la lista de los candidatos que reúnan las mejores cualidades e incorporar en su dictamen ante la Junta de Coordinación Política los criterios de esa selección y sus recomendaciones.
Ambos posicionamientos, de uno u otro modo, ponen sobre la mesa el punto a tratar: la importancia de dotar la elección de consejeros de legitimidad total, de completo consenso entre las partes y sobre todo, de no permitir bajo ninguna condición, el esquema de cuotas partidistas que ha intentado el PRI. La importancia del Instituto Federal Electoral como árbitro de los deseos y aspiraciones de la sociedad mexicana es tan alta que, en la parte que le toca, el Poder Legislativo debe -por todos los medios posibles- garantizar la imparcialidad del proceso de elección para legitimar las futuras decisiones de quienes resulten Consejeros.
No obstante de la visible importancia de sacar adelante un proceso de selección libre de caprichos partidistas, la consigna del Revolucionario Institucional ha sido –como en los niveles locales- de corte porfirista, gana aquel quien cuenta los votos, y añade otro ingrediente: ser juez y parte en cuestiones de la determinación e imposición de las sanciones a flagrantes violaciones a las normas electorales, como en el caso del Estado de México en donde rebasar el tope de gastos de campaña no fue suficiente causa de nulidad de la elección. En su camino al olvido, en el Institucional están convencidos que para ganar necesitan de todo, y sustancialmente de tener cooptadas la mayor cantidad de instituciones, y para el caso del IFE, al revolucionario no le importan las trayectorias importantes y destacadas como en su momento tuvieron otros, sino personas que trabajen para ellos, que tomen en su momento las decisiones que éste les diga. Sin sus institutos estatales electorales el PRI sabe que no es competitivo, y con un IFE autónomo, fuerte, fiscalizador, legítimo y sin compromisos políticos avizora que sus viejas prácticas caciquiles no podrán contra la participación ciudadana y la correcta aplicación de la ley electoral, y eso es precisamente todo lo contario a lo que buscan.
Así entonces, el Poder Legislativo tiene ante sí la responsabilidad de seguir fortaleciendo las bases de un sistema democrático, de defender y promover sus convicciones, la obligación de mantenerse firme frente a los embates mayoriteadores y presiones del PRI y sobre todo, evitar que mediante cuotas partidistas el Revolucionario Institucional haga del IFE una institución inservible a los fines para los cuales fue creado.
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