Provocar una recesión
Luis Rubio
Artículo
publicado en el periódico Reforma el 22 Sep. 13
1971 fue el año de la atonía. Luego de
dos décadas experimentando tasas de crecimiento superiores al 6% en promedio,
ese año fue considerado de recesión porque el crecimiento sólo fue del 3%. Así
han cambiado las cosas... La respuesta de los políticos fue "estimular"
la economía mediante un gasto público exacerbado, financiado con deuda externa
e impresión de billetes, es decir, inflación. Así nació la era de las crisis,
recesiones y, por un pelito, la hiperinflación. 2013 se parece a aquel 1971 y,
como ilustra el presupuesto, el gobierno se apresta a aplicar la misma receta
perdedora.
El empaque retórico que acompaña a la
iniciativa de reforma hacendaria es grandioso: productividad, crecimiento,
ataque a la desigualdad y seguro de desempleo. Suena atractivo pero, como decía
George Orwell, "el lenguaje político está diseñado para hacer que las
mentiras parezcan verdades, que el asesinato parezca respetable, y dar al
viento apariencia de solidez".
Los comentarios a mi artículo anterior
muestran que hay más dudas que certezas sobre la dirección que se propone
adoptar. Lo que sigue es un resumen de los que recibí, todos ellos de expertos
intachables.
Primero, "si bien la iniciativa se
justifica primordialmente por el propósito de alcanzar la seguridad social
universal, es notable que el aumento propuesto de gasto entre 2013 y 2014 es de
520 mil millones de pesos, pero de los cuales solamente 20 mil se destinan a la
seguridad social universal. Uno hubiese pensado que, de forma prioritaria, se
dedicarían recursos para unificar el financiamiento de la salud, pero este tema
-que hoy presenta la distorsión más grave- presumiblemente se pospone. No
utilizar los recursos nuevos para remover la distorsión creada por las
diferencias en la forma de financiar los regímenes contributivos y no
contributivos de salud es una omisión difícil de entender". A menos que el
objetivo sea, simplemente, gastar; no sería la primera vez...
Segundo, "la pensión universal
propuesta no es en realidad una pensión universal. Es una pensión condicionada
a ser informal. Los trabajadores formales no tienen derecho a ella... Dado que
el Seguro Popular es una prestación financiada de la tributación general para
el informal (que éste percibe como gratis), pero que pierde si obtiene un
empleo formal..., a los incentivos a la informalidad que ya existían... se le
agrega ahora otro incentivo por un programa similar para pensiones de retiro (y
se propone legislar su monto, amén de bajar la edad para recibirlo de 70 años a
65). Es difícil pensar que esto no va a contribuir a aumentar la informalidad.
La evidencia empírica que tenemos de programas similares es que sí lo hará y
también puede reducir la tasa de participación laboral. Por esas dos vías, la
productividad se verá castigada". O sea, hay una contradicción flagrante
entre la iniciativa presentada y el diagnóstico del propio gobierno respecto a
la urgencia de elevar la productividad como condición para acelerar el ritmo de
crecimiento de la economía.
Tercero, "el seguro de desempleo
realmente no es eso; parece más un seguro de separación. El punto clave aquí es
que se introduce este seguro sin modificar las disposiciones de la Ley Federal
del Trabajo en materia de indemnizaciones por despido o primas de antigüedad.
Tampoco se modifica la problemática de despido justificado vs. no justificado.
En los términos de la ley propuesta, un trabajador que voluntariamente se
separa de su trabajo tiene derecho a recibir los beneficios del nuevo seguro.
Por otro lado, México tendrá ahora dos mecanismos paralelos para proteger a los
trabajadores contra shocks: las disposiciones que ya estaban en la LFT y este
nuevo seguro. Es difícil pensar que en el futuro se podrá modificar la LFT para
reducir los costos contingentes de las empresas formales derivadas de la
contratación" cuando "el principal mecanismo que se hubiese podido
utilizar para cambiar esas disposiciones de la LFT -introducir un seguro de
desempleo- ya se usó. Al no reducirse en nada los costos contingentes de las
empresas, es difícil ver también cómo este nuevo seguro contribuirá a la
formalidad".
Cuarto, "se propone un incremento
neto de las cuotas patronales (art. 25, 36, 106 y 107 de la Ley del Seguro
Social), lo que no resuelve el problema esencial que es la homologación de los
costos en salud. Es justo ahí donde estará la presión de gasto en los próximos
años. Hoy en día no sabemos cuánto cuestan los servicios médicos en el IMSS, el
ISSSTE y en los sistemas estatales de salud que son financiados con el Seguro
Popular. No hay certeza sobre necesidades presupuestales del sector salud, pues
sólo conocemos el gasto ejercido en cada institución, no el costo de cada
servicio ni las estimaciones por cambios epidemiológicos. La propuesta resuelve
la urgencia financiera del IMSS en el corto plazo -que agotaría sus reservas en
2016-, pero no resuelve el problema de fondo".
Quinto, en "el propuesto seguro de
desempleo se descobija la contribución de Infonavit, en vez de llevarlo a salud
o bien complementar pensiones contributivas. Esto crea más distorsiones
laborales pues hace más líquidas las aportaciones en el corto plazo". En
este contexto, no puede ignorarse otra posible motivación del enfoque propuesto:
"quienes cumplan 18 años a partir de 2014 serán cubiertos por un
fideicomiso en Banxico, justo el grupo que votará en 2018 por primera
vez".
"En suma, la reforma no es para
financiar una 'seguridad social universal', sino para justificar el aumento de
cuotas patronales y el otorgamiento de nuevos beneficios, cuyo costo irá
aumentando en el tiempo y se sumarán al costo creciente de los programas ya
existentes. Los recursos fiscales de la propuesta serán usados para otros
gastos y no se propone modificar el funcionamiento del sistema de salud, ni su
financiamiento. Dado el crecimiento que se está observando en la provisión de
servicios médicos, los costos se elevarán y será imposible regresar a un
déficit cero en el tiempo propuesto (2017). Bajo el escenario internacional
actual esto suena demasiado arriesgado". "Y todo esto sin considerar
los pasivos de salud y pensiones de los estados, Pemex y CFE". O sea, no
hay reforma estructural ni solución a los problemas pendientes.
La propuesta es regresar a los setenta:
déficit crecientes, sin financiamiento saludable y sostenible, lo que no
contribuirá al crecimiento de la economía. Ignorar las causas de las crisis de
las décadas pasadas -una estrategia económica sustentada en déficit y deuda-
que los jóvenes de hoy no vivieron más que de manera indirecta, es la mejor
forma de provocarlas. No aprendemos.
www.cidac.org
@lrubiof
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